El Perú es un país indiferente con la vida de las mujeres trans, quienes están acorraladas por la injusticia y la discriminación. Según cifras de la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), solo el 3% tiene acceso a un trabajo formal, una realidad que lleva al 70% a dedicarse al trabajo sexual, por ser la única alternativa de empleo.
Justamente es esta realidad la que las empuja a las calles, donde tienen que convivir con la violencia, la delincuencia y la muerte. Solo en las últimas semanas cuatro mujeres trans fueron cruelmente asesinadas por las mafias que cobran cupos a trabajadoras sexuales.
El ensañamiento que los asesinos tuvieron con los cuerpos de Priscila Aguado, Rubí Ferrer, Erika Quintana y Ale Castillo prueba que poco o nada se ha hecho para detener los crímenes de odio en el país. Se trata de casos reportados en la región Lima, Arequipa y La Libertad, una prueba más de que se trata de una problemática a nivel nacional.
EN BÚSQUEDA DE JUSTICIA
Organizaciones de mujeres trans hicieron un primer plantón en el Centro de Lima, el miércoles 15 de febrero, para exigir justicia frente a la ola de extorsiones y asesinatos. La convocatoria se hizo en la comisaría de la avenida Alfonso Ugarte y posteriormente, lxs activistas que se hicieron presentes se dirigieron a la DIRINCRI, donde la Policía Nacional se comprometió a agilizar las investigaciones.
Sin embargo, hasta el día de hoy no hay sentenciados ni procesados por casos de asesinatos a mujeres trans en el marco de cobro de cupos.
La situación tampoco es alentadora en otras instancias del Estado. Actualmente en el Perú no existen leyes ni políticas públicas que protejan a las mujeres trans.
Por ejemplo, en el Acuerdo Plenario 1-2016/CJ-116 adoptado por la Corte Suprema de Justicia, se excluye a las mujeres trans, ya que indica que el delito de feminicidio no es aplicable para ellas. Una bajeza que evidencia el desprecio por la vida de las personas trans por parte del sistema de justicia.
Por su parte, desde el Congreso la parlamentaria Susel Paredes presentó un proyecto de ley que busca sancionar los crímenes de odio. Con esta iniciativa se busca mayor sanción para los delitos que se hayan cometido motivado por odio, racial, étnico, religioso, político, identidad, expresión de género u orientación sexual.
Si bien es positivo que se busque sancionar al agresor y visibilizar que existen delitos motivados por la discriminación, también es importante que existan políticas que prevengan que mujeres trans sigan siendo asesinadas.
El día miércoles 22 de febrero se convocó a una nueva marcha contra los crímenes de odio en el cruce de Jirón Chancay con Zepita, a la que acudieron miles de personas. La marcha finalizó en la DIRINCRI de Lima.
Desde Más Igualdad Perú recordamos que el Estado tiene como deber la protección de todos sus ciudadanxs, incluyendo a las mujeres trans. Por tal razón, exigimos que agilicen las investigaciones para dar con los responsables de los crímenes contra las compañeras víctimas de las mafias del cobro de cupos.
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