Recomendaciones aceptadas, pero pocas políticas públicas en marcha: La posición del Perú sobre las recomendaciones del IV Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)
Durante la 27° Reunión del 53° Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante la presencia del representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Luis Chuquihuara, y con la participación online del entonces Ministro de Justicia, Daniel Maurate, el Perú formalizó su posición en relación a las recomendaciones recibidas durante el IV Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU).
Como se recuerda, nuestro país recibió un total de 202 recomendaciones provenientes de otros Estados miembros con el objetivo de mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Entre estas, 15 recomendaciones se centraron específicamente en los derechos humanos de las personas LGBTIQ+.
A pesar de haber aceptado casi todas las recomendaciones relacionadas con nuestros derechos en el presente y anteriores ciclos del EPU, Más Igualdad Perú observa con preocupación que esto no se ha traducido en avances significativos en la implementación de políticas públicas respaldadas por las distintas instituciones estatales responsables de legislar, diseñar y aplicar políticas, y sensibilizar a la sociedad.
Lamentablemente, los discursos de odio, tanto entre la población como desde ciertas autoridades políticas, están ganando terreno y se están tornando más frecuentes y notorios. Es crucial reconocer que apoyar las recomendaciones del EPU es un compromiso incompleto si no va acompañado de un esfuerzo real para convertirlas en acciones tangibles. Muchos de los temas respaldados por el Perú, tales como el procedimiento para el cambio de nombre y sexo, el matrimonio civil igualitario, la prevención de la discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género, y la capacitación de funcionarios públicos, han sido impulsados incansablemente por las organizaciones de sociedad civil durante años. Sin embargo, estos esfuerzos encuentran barreras en las autoridades que no han mostrado el interés y el compromiso necesario para hacerlos realidad.
Es especialmente preocupante que el Perú no respalde el derecho de las familias compuestas por personas LGBTIQ+ de acceder a la adopción y a la filiación de sus hijos, como se indica en la recomendación 111.192. Además, las recomendaciones 111.190 y 111.191 plantean la inquietud de que la Procuraduría Pública de RENIEC continúe actuando en detrimento de los derechos de personas trans y parejas del mismo sexo, en oposición a los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 24/17.
Más Igualdad hace un llamado a las autoridades peruanas para que transformen los compromisos en acciones reales. La promulgación de leyes y la implementación de políticas públicas efectivas son fundamentales para asegurar la igualdad, la no discriminación y la protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.
Nuestra asociación insta a las autoridades a escuchar las voces de la sociedad civil y a actuar en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Es el momento para que el Perú avance hacia una sociedad más inclusiva y justa, en la que los derechos de las personas LGBTI+ sean plenamente respetados y protegidos.
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