¿Qué pasó?
El 11 de agosto de 2004 Crissthian Olivera y su pareja, del mismo género, fueron amonestados por personal de la cafetería Dulces y Salados del Supermercado Santa Isabel de San Miguel, por tener “conductas de afecto de forma pública”.
El personal del centro comercial le pidió a la víctima que dejara de tener esas muestras de afecto, pues un cliente se había quejado de que dos hombres "estaban cometiendo actos de homosexualidad" porque se estaban besando y acariciando. Según el reporte, esto incomodó al otro cliente por encontrarse con sus hijos menores de edad.
¿Se denunció?
Crissthian intentó acceder a la justicia en el Perú, pero no obtuvo una respuesta favorable. El caso fue denunciado ante INDECOPI, pero se rechazó la denuncia y no se logró sancionar al centro comercial.
Después de más de seis años, el caso llegó hasta la Corte Suprema, pero también obtuvo una decisión desfavorable en abril de 2011.
¿Qué se está demandando?
Luego de agotar todos los canales para acceder a la justicia en el Perú, este caso ha iniciado su proceso en una instancia internacional.
Primero ingresó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien luego de evaluar el caso ha decidido llevarlo hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde será materia de un juicio y podría sancionarse al Estado peruano.
En el caso, se alega que el Perú habría violado los derechos a la igualdad y no discriminación, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial, como consecuencia de actos de discriminación basados en la expresión de su orientación sexual.
Los casos que llegan a la Corte IDH demandan a los Estados por no haber garantizado los DDHH de las personas involucradas
¿Qué podemos esperar de la demanda?
Dependiendo de lo que decida la Corte IDH, se podría sancionar al Estado peruano por la vulneración de todos los derechos indicados o por algunos de ellos.
Además, se pueden establecer medidas de reparación, tanto para la víctima como para la población en la misma situación. Esto podría ser la implementación de ordenanzas más estrictas que castiguen la discriminación, estándares y protocolos de sanción frente a la violencia homolesbobitransfóbica, entre otros.
Este es el segundo caso sobre personas LGBTIQ contra Perú que llega a la Corte IDH.
Además, es el primer caso por discriminación frente a la expresión de la orientación sexual no heterosexual en un espacio público. Por ello, podría sentar un precedente importante sobre las obligaciones de las Empresas en relación con la no discriminación de personas LGBTIQ.
Es injusto que las personas LGBTIQ+ tengamos que esperar 17 años para acceder a un sistema de justicia que nos trate como a cualquier otre ciudadane.